El 19 de marzo de 2025 se consumó un cambio institucional histórico: la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tras la entrada en vigor de la reforma constitucional de “simplificación orgánica” aprobada en noviembre pasado.

Este hecho marca un retroceso en la garantía del derecho a saber en México, al eliminar a un órgano autónomo que durante dos décadas fue clave para abrir información gubernamental y fortalecer la rendición de cuentas.

DE REFERENTE A LA INCERTIDUMBRE

México pasó de ser un ejemplo en la región por su andamiaje institucional en transparencia, a un modelo con serias dudas sobre la autonomía e independencia de quienes ahora concentrarán esas funciones. La reforma se justificó bajo el argumento de austeridad, con la narrativa de que el INAI era oneroso y que sus tareas podían asumirse desde dependencias del propio gobierno federal.

En los hechos, advierte la especialista, esta decisión culmina una estrategia de debilitamiento: ataques desde el discurso oficial, omisión del Senado para nombrar comisionados desde 2022 y recortes presupuestales, pese a que el gasto del INAI representaba apenas un centavo de cada cien pesos del erario.

FUNCIONES DISPERSAS Y RIESGO DE OPACIDAD

Las facultades que tenía el INAI se repartirán entre una nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (dependiente del Ejecutivo federal) y un órgano desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo. El problema central es que ambas instancias carecen de independencia, lo que coloca al Estado como juez y parte en las solicitudes de información.

Ejemplo: si la Presidencia o la Sedena niegan información, será el propio Ejecutivo quien decida si procede su apertura. Esto choca con estándares internacionales como la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y el Acuerdo de Escazú.

LO QUE SE PIERDE

Entre las facultades que desaparecerán destacan:

• Colegialidad en decisiones: ahora recaerán en un órgano unipersonal designado por el Ejecutivo.
• Control constitucional: el nuevo esquema no podrá promover acciones de inconstitucionalidad.
• Plataforma Nacional de Transparencia: su gestión y seguridad ya no estarán bajo un órgano independiente.
• Atracción de casos estatales: se elimina la posibilidad de sentar estándares nacionales en casos relevantes.

Además, los mecanismos de impugnación se trasladan a tribunales, un camino costoso y complejo para la ciudadanía.

MÁS CAUSALES PARA OCULTAR INFORMACIÓN

Las leyes secundarias, en discusión apresurada, amplían las causales de reserva, lo que contraviene el principio de máxima publicidad. Se podrá negar información por motivos tan amplios como “daños al interés del Estado” o por la sola existencia de procesos judiciales o administrativos, lo que abre un espacio de discrecionalidad enorme.

ALERTAS INTERNACIONALES

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones cuestionaron:

• ¿Cuál fue el diagnóstico que justifica desaparecer el INAI?
• ¿Por qué ampliar las causales de reserva?
• ¿Qué garantías existirán para víctimas que necesitan información pública?
• ¿Cómo se incluyó la participación ciudadana en este rediseño institucional?

El Estado mexicano no respondió.

EN SÍNTESIS

La desaparición del INAI no es un ajuste administrativo menor: es un cambio de paradigma que reduce los contrapesos y limita el acceso ciudadano a información pública, un derecho fundamental para la democracia. En palabras de la autora: “La sociedad mexicana sabrá menos de las cosas que importan”.

---

📌 Texto basado en el análisis de Marcia Itzel Checa Gutiérrez, defensora de derechos humanos y especialista en transparencia.
Referencia original: Checa Gutiérrez, Marcia Itzel. “Transparencia sin garantías tras la desaparición del INAI en México”. Agenda Estado de Derecho, 24 de marzo de 2025.

---