Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, México ha registrado un aumento sostenido de procesos judiciales y administrativos dirigidos contra periodistas y medios de comunicación, según documenta la organización Artículo 19. En promedio, cada cuatro días se inicia un nuevo procedimiento que busca intimidar o censurar la labor periodística.

Durante este periodo se contabilizaron 51 casos, afectando a 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación. El reporte destaca que estos procesos reflejan un uso faccioso del marco legal, poniendo en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.

Uso indebido de la figura VPEG

El informe enfatiza el uso inapropiado de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), originalmente creada para proteger a mujeres frente a discriminación estructural. Según Artículo 19, esta figura ha sido instrumentalizada para censurar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder, inhibiendo el debate público.

Tendencia creciente

Desde 2016, Artículo 19 ha alertado sobre este patrón de acoso judicial. Sin embargo, los primeros siete meses de 2025 superan ampliamente los registros de cualquier año anterior, aún sin contar los casos de agosto. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, señala:

“El peor año de acoso judicial y aún no se termina”.

Impacto sobre periodistas

Los procedimientos judiciales, administrativos o ministeriales provocan un desgaste significativo en las personas afectadas, incluyendo cargas económicas, emocionales, físicas y mentales. El objetivo es que investigaciones, notas periodísticas y publicaciones en redes sean borradas, revertidas o sancionadas, enviando un mensaje sobre los temas “prohibidos” o que generan interés político o económico.

Tipología de los casos

De los 51 procesos documentados:

• 26 casos (50,98%) correspondieron a la vía electoral.
• 14 casos (27,45%) a la vía penal.
• 11 casos (21,57%) a la vía civil.

Respecto a los agresores:

• 23 casos (45,10%) involucraron a funcionarios públicos, varios en proceso de reelección o candidatura.
• 18 casos (35,29%) a particulares.
• 10 casos (19,61%) a partidos políticos o candidaturas sin cargo público activo.

El reporte documenta múltiples incidentes recientes de acoso judicial, demandas civiles y denuncias por VPEG dirigidas contra periodistas y comunicadores en México.

Gobernadores y funcionarios bajo escrutinio

Entre los casos señalados destacan:

• Miguel Ángel Navarro Quintero (Nayarit): en enero de 2025 calificó a los periodistas como “sicarios de la comunicación” y “sicarios en las redes”, describiéndolos como agresores hacia su gobierno.
• Lourdes Mendoza (CDMX): desde enero enfrenta una demanda por daño moral interpuesta por Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Mendoza respondió a un interrogatorio de aproximadamente tres horas y mantiene esfuerzos constantes en redes y medios para reivindicar su imagen.

Procesos por VPEG y demandas civiles

• Jorge Luis González (Campeche): enfrenta procesos penales por supuesto delito de odio y civiles por daño moral, promovidos por la gobernadora Layda Sansores y la Dirección de Comunicación Social.
• Hernán Gómez y Penguin Random House: litigios por el libro Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T.

Otros casos de VPEG incluyen:

• Ruby Soriano (Puebla): notificada por el Instituto Estatal Electoral.
• Héctor de Mauleón (Tamaulipas): denunciado por el Instituto Electoral.
• Karla Estrella (Sonora): sancionada por el INE y el TEPJF tras cuestionar nepotismo de la diputada Diana Karina Barreras.

Estos casos reflejan un patrón de uso intensivo de medidas legales y administrativas como forma de presión.

Advertencia del informe

El documento subraya que el acoso judicial se ha convertido en una forma de censura en México. Aunque la violencia física y digital sigue siendo una amenaza, el uso recurrente de demandas, denuncias y medidas cautelares busca silenciar a periodistas y limitar el periodismo crítico.

“Si esta tendencia continúa, el espacio para el periodismo crítico se reducirá aún más”, advierten los autores del informe, haciendo un llamado a los distintos poderes e instituciones a actuar de manera coordinada para proteger la libertad de expresión.

Ámbito de actuación de las autoridades

De los 23 casos iniciados por autoridades:

• 14 (60,87%) ocurrieron en el ámbito estatal.
• 5 (21,74%) a nivel federal, principalmente candidatos en procesos electorales.
• 4 (17,39%) a nivel municipal.

Además, 25 de los 51 procesos utilizaron la figura de VPEG, evidenciando su abuso como herramienta de censura.

Distribución geográfica

Los casos se registraron en 17 estados de la República, con mayor incidencia en:

• Veracruz
• Ciudad de México
• Jalisco
• Campeche
• Oaxaca
• Puebla

Este patrón demuestra la expansión del acoso judicial contra la prensa en diversas regiones del país.

Casos recientes destacados

Caso 1: Puebla y la Ley Mordaza
En junio de 2025, el Congreso de Puebla aprobó una reforma al Código Penal que tipifica el delito de “ciberasedio”, con penas de hasta tres años de prisión y multas. Organizaciones como Artículo 19 advirtieron sobre su posible uso arbitrario contra periodistas y ciudadanos.

Caso 2: Campeche y la censura judicial
El periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna enfrentaron medidas que les prohíben referirse públicamente a la gobernadora Layda Sansores y les obligan a someter publicaciones a revisión judicial previa.

Caso 3: Dianeth Pérez Arreola (Baja California)
El 6 de agosto de 2025, Pérez Arreola cuestionó presuntas irregularidades en la licitación de la Planta Potabilizadora La Nopalera. Posteriormente, la FGR la citó para “coadyuvar” en la investigación, lo que fue denunciado como un intento de intimidación judicial por Artículo 19 y el colectivo YoSíSoyPeriodista.

Pérez Arreola, quien era consejera en el Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, decidió retirarse del cargo por considerarlo un conflicto de interés.