Ocho de los once estados que aplican impuestos al dióxido de carbono en México no transparentan el destino de los recursos recaudados, revelaron especialistas en un foro organizado por México Evalúa. Pese a que el objetivo declarado de estos gravámenes es mitigar el impacto ambiental, en la práctica la mayoría de las entidades carece de mecanismos claros para garantizar que los ingresos se utilicen con fines ambientales.

Sólo Guanajuato, Querétaro y parcialmente Tamaulipas ofrecen información concreta sobre el uso de estos recursos, señaló Eduardo Piquero, director de México CO2. “El resto no reporta en qué se gasta el dinero ni cómo se mide el impacto”, advirtió.

GRAVÁMENES DESIGUALES Y SIN LÓGICA CLIMÁTICA

La falta de criterios homologados también genera inconsistencias. Mientras en el Estado de México y la Ciudad de México el impuesto por tonelada de CO₂ es de 52 pesos, en Querétaro alcanza los 640 pesos. Esta disparidad, lejos de incentivar prácticas ambientales, evidencia un uso meramente fiscal del instrumento, denunciaron los expertos.

Además, el aumento en la tasa y en el número de estados que han implementado el impuesto responde más a necesidades presupuestales que a políticas climáticas integrales, según Piquero. “Muchos gobiernos locales arrastran déficits crónicos y ven en estos impuestos una vía de recaudación”, explicó.

SIN INCENTIVOS PARA REDUCIR EMISIONES

Otra debilidad del sistema es que sólo en tres estados es posible pagar el impuesto con proyectos de compensación de emisiones, lo que limita el incentivo a invertir en prácticas sostenibles. En palabras de Piquero, “un impuesto verde debe ser más que una tarifa: debe ofrecer caminos para reducir o compensar la contaminación”.

Frente a este panorama, propuso la creación de un impuesto federal único y transparente, con reglas claras sobre su destino y beneficios medibles para el medio ambiente.

RIESGO DE QUE EL OBJETIVO SEA SÓLO RECAUDATORIO

Ana Lilia Moreno, coordinadora de Regulación y Competencia en México Evalúa, alertó sobre el riesgo de que este tipo de impuestos termine con el mismo destino que el IEPS a gasolinas: convertirse en una herramienta recaudatoria sin impacto ambiental real.

“El problema es que, al no saber cómo sustituir los ingresos, quitar un impuesto como ese se vuelve políticamente inviable”, explicó. También advirtió que en muchos estados las nuevas administraciones desconocen incluso que existe el impuesto, porque fue diseñado por funcionarios de hace más de una década.

EL CASO DE GUANAJUATO

Durante el foro, Marisa Ortiz, diputada local en Guanajuato, explicó que la iniciativa del impuesto en su estado se basó en una revisión de 28 modelos internacionales y que, a diferencia de otras entidades, se estableció un marco de seguimiento sobre el uso del dinero.

Sin embargo, Paul Sánchez, consultor en regulación, puso sobre la mesa un dato preocupante: el municipio de Salamanca, donde operan instalaciones de Pemex y la CFE, genera el 20% de las emisiones de todo Guanajuato. Esta concentración refuerza la necesidad de que el impuesto no se convierta en una simulación y se invierta en zonas directamente afectadas por la contaminación.